14/1/11

El futuro de la accesibilidad

Como hemos comprobado en otros post, en España se está trabajando para dotar a la accesibilidad de un marco legislativo medianamente potente, el cual ha sentado las bases para que la accesibilidad sea considerada no como una gracia sino como un derecho. Aún así la Accesibilidad sigue necesitando del trabajo del día a día para ir reduciendo barreras.

Haciendo una valoración general de la panorámica de la Accesibilidad podemos decir que el futuro de la accesibilidad debería girar en torno a los siguientes puntos:

SENSIBILIZACIÓN, CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN

Deben realizarse campañas de sensibilización y concienciación para cambiar la percepción colectiva sobre la importancia de la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida. Así mismo es necesario dotar a todos los colectivos implicados y a la población en general de instrumentos que permitan intervenir desde una perspectiva de respeto y fomento de la Accesibilidad.

Sensibilización y concienciación también puede venir de la mano de la difusión de aquellas medidas que se han implantado para mejorar  la Accesibilidad explicando los motivos de las mejoras y como deben de utilizarse correctamente y en que benefician a toda la población. De nada sirven las mejoras si no se sabe porque son esas mejoras ni como utilizarlas.
Por otra parte, la formación es muy importante a la hora de abordar la Accesibilidad, ya que se con ella sentamos las bases profesionales de las personas que en el futuro van a diseñar los entornos y productos. Por ello es necesario que en las disciplinas relacionadas con el diseño, las ingenierías y la  construcción incorporen al currículo formativo, la Accesibilidad y el Diseño para Todos, como medidas de formación transversal y/o como una asignatura obligatoria en carreras universitarias o programas formativos. Además deben de implicarse plenamente a los distintos Colegios Profesionales y Asociaciones Profesionales, para que sus colegiados asuman estos conocimientos como propios.

No se debe de olvidar la formación continua a trabajadores, sobre todos a aquellos funcionarios, técnicos y profesionales de los servicios públicos y de atención directa a personas para que en su día a día trabajan con todo tipo de personas.

Por otro lado, está demostrado que en cuando más se aprende es en la etapa escolar por lo que es importante que desde la educación obligatoria se fomente y se enseñe la Accesibilidad y el Diseño para Todos.

En diversos círculos ya va saliendo a la luz, la figura del “Consultor de Accesibilidad”  contemplado en el Plan de Accesibilidad estatal, unido a un registro de dichos “Consultores de Accesibilidad” o un Colegio / Asociación Profesional.

REFORZAMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

Tres problemas deben de ser superados con respecto a la legislación. El primero es que las normas a priori están hechas para ser cumplidas y por lo tanto deben de fomentarse los cauces necesarios para que esto ocurra. Por ello debe de cumplirse el régimen de infracciones y sanciones establecido en el desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de personas con discapacidad (LIONDAU)[1] impidiendo que se siga construyendo y diseñado sin pensar en el Diseño Universal.

Otro problema muy importante, es que en España existe numerosa y variada legislación sobre Accesibilidad que va desde los sucesivas ordenanzas municipales a los decretos y reglamentos autonómicos que en muchos casos llega a contradecirse. Por ello es necesario armonizar y unificar esta normativa, en una legislación común igualitaria que permita crear patrones estándares de Accesibilidad. Teóricamente esto debería haberse salvado con la entrada en vigor de la LIONDAU y todo su desarrollo normativo, pero lo cierto es que los profesionales que trabajamos en esto nos encontramos con que a la hora de aplicar un criterio no sabemos cuál es el que debemos asignar.

El último gran paso que se debe de dar con respecto a la legislación de la a Accesibilidad es que necesario incluirla en toda normativa sectorial, tanto urbanística, arquitectónica o de transportes, diseño de productos o prestación de bienes y servicios; así como obligar su cumplimiento en todos aquellos aspectos de la Administración relacionados con la adquisición de bienes y contratos públicos.

SUPERAR LOS GRANDES ESCOLLOS DE LA ACCESIBILIDAD

Varios pueden ser las dificultades que presentan la accesibilidad y que deben de buscarse las soluciones pertinentes. En primer lugar estaría la vivienda y muy especialmente en aquellos edificios ya construidos,  adecuando los espacios comunes y posteriormente ir adecuando aquellas viviendas en las que resulte necesario, a través de planes y subvenciones de adecuación de viviendas (ascensores, adaptación de vivienda, etc.)

La Accesibilidad poco a poco ha ido llegando a las ciudades, pero el medio rural esto no ha sido así estando muy retrasada, por no decir que su existencia es nula. Es importante que poco a poco se vaya trabajando por un entorno rural accesible, que permita a todas las personas el libre acceso y uso. Además la población de este entorno es gente de avanzada edad que necesita que se le facilite la calidad de vida.

El mantenimiento de los entornos ya accesibles se está convirtiendo en un problema de Accesibilidad en sí. Rampas e itinerarios en mal estado, rampas de autobuses que no funciones, falta de conocimiento del funcionamiento de ciertas tecnologías, etc. hacen que un medio accesible se convierta en inaccesible y costoso, por lo que hace falta incorporar planes de mantenimiento y reparación continuos como ya disponen otros elementos.

Así mismo, cada vez se habla más de un nuevo concepto conocido como Accesibilidad Cognitiva, o la accesibilidad pensada para aquellas personas que tienen dificultades a la hora de orientarse. Es un campo “novedoso” pero que requiere todos los esfuerzos para que se desarrolle.

Otro aspecto importante para el futuro es el I+D+I, o lo que es lo mismo la investigación en accesibilidad y el Diseño para Todos. Resulta novedosa y escasa en nuestro país pero cada vez más necesaria y que debe de estar presenten casi todas las disciplinas, desde el derecho a la ingeniería pasando por la economía o la sociología.

El último escollo que se debe de limar y que es muy relevante de cara al futuro es la evaluación de los programas realizados. A medida que crecen las intervenciones para la mejora de accesibilidad en muchos ámbitos (edificación residencial nueva y rehabilitación, edificios públicos, puestos de trabajo, espacios urbanos, medios de transporte, etc.) se comprueba la necesidad de evaluar los avances realizados. No basta justificar que se hacen cosas para mejorar la accesibilidad, hay que demostrar además que, efectivamente, los cambios introducidos consiguen el objetivo buscado. No es inusual que se cometan errores, se obtengan pobres resultados o se desarrollen intervenciones desproporcionadas en los medios en relación a los objetivos alcanzados con la intención de provocar mejoras de accesibilidad.

LA ACCESIBILIDAD COMO CALIDAD DE VIDA

La Accesibilidad es calidad de vida, y como calidad que es, debe de incorporar criterios que fomenten este concepto. Por ello es necesario desarrollar y aplicar protocolos y aplicaciones de buenas prácticas y certificarlo como tal.

Así mismo es importante señalar que prevalece un componente cultural en la accesibilidad, y lo que hoy nos parece accesible, quizá dentro de unos años, con una población más envejecida, con más discapacidades, más conocimiento y más tecnología, no nos lo parezca en absoluto. El concepto “accesibilidad” indica una condición que nunca es absoluta y los estándares para entonces pueden ser otros, porque la capacidad funcional media puede ser otra y los valores sociales también. En definitiva, podemos entender que la accesibilidad es el origen de fuerzas transformadoras en el entorno, los productos y los servicios. Se trata de una representación didáctica para mostrar los potenciales impactos que se derivan de una mayor implantación de accesibilidad.

La accesibilidad, por medio de la supresión de barreras, es un empuje fundamental para la equiparación de oportunidades, aumentando las demandas y las políticas sociales. Así, la accesibilidad adquiere paulatinamente un atributo transversal, diseñando de forma idónea para el mayor número de personas, uniéndose cada vez más al concepto de calidad. La accesibilidad resulta así ser condición necesaria para buen número de entornos, productos y servicios puedan ser disfrutados con calidad. A mayor calidad, mayor competitividad, mayores posibilidades de penetración comercial y rentabilidad. El incremento de rentabilidad derivado de la mayor accesibilidad puede tener una parte privada que repercute sobre agentes privados en forma de beneficios comerciales y otra social en forma de reducción de costes sociales y mejoras de bienestar. Y, como consecuencia, se podría esperar una mayor sostenibilidad en la medida en que los bienes y servicios amplíen su rango de usuarios y condiciones funcionales de uso. El problema en todos los casos es que resulta difícil conocer con precisión el alcance de las medidas tomadas, el coste de las mejoras y el grado de beneficio producido en la población con diversidad o limitaciones funcionales, puesto que no hay buenos métodos, predisposición a la evaluación, ni control de resultados. En consecuencia, es difícil saber si un sistema de transporte (un diseño interior de los autobuses de plataforma baja, por ejemplo), un programa de reserva de viviendas (como el del 3% de la VPO que tanta incidencia tuvo en su momento) o un programa de adaptación de viviendas para la población dependiente ha conseguido los objetivos buscados, y en su caso, si tales objetivos se podrían haber alcanzado de forma más eficiente. La creciente diversidad funcional, caracterizada por el aumento de deficiencias en una población más envejecida, derivará en una potenciación de las necesidades de adaptación, mejora de entornos, etc., y una mayor inversión en tecnologías, que además debe beneficiar de manera igualitaria a toda la población, y esto en un aumento de costes que requerirá una mayor eficiencia en las inversiones públicas.





[1] Este régimen de infracciones se encuentra recogido en la Ley 49/2007, de 26 de diciembre.